El año 2016 continúa con la tendencia de los años anteriores: el número de procedimientos de regulación de empleo y de trabajadores afectados por los mismos se reduce con respecto al año anterior.
La dureza de la crisis económica se presentó bajo la forma de fuertes ajustes en el mercado de trabajo, concentrados entre 2009 y 2013. Desde entonces, estos movimientos de reestructuración han sido mucho menores.
El balance de 2016 es de 86.576 trabajadores afectados por 5.397 procedimientos de regulación de empleo, lo que supone un -13,9% y un -26,4%, respectivamente. Esta reducción, sin embargo, está desigualmente distribuida entre los tipos de herramientas de actuación, y es fundamentalmente el reflejo de los procedimientos de reducción de jornada (8.570 trabajadores afectados; -37,2% con respecto al año anterior) y de suspensión de contrato (53.680; -13,9%). Por su parte, los despidos colectivos presentan una disminución mucho menor (24.348; -0,9%).
Los procedimientos de regulación de 2016 se han llevado a cabo por 3.999 empresas (un -29,5% con respecto a 2015) de las que el 17,3% (745) han efectuado despidos colectivos, el 35,6% reducción de jornada (1.118) y 47,1% suspensión de contrato (2.031). Esto es algo que se invierte en las empresas de mayor tamaño, de los 500 a los 5000 o más trabajadores, donde los despidos colectivos tienen mucha mayor presencia que el resto: el 58% de las reestructuraciones son despidos colectivos (53 en total), mientras que el 43,9% (40) son suspensiones de contrato y el 6,6% (6) reducciones de jornada.
El número de trabajadores afectados por tamaño de empresa se concentra, fundamentalmente, en los grupos de 49 trabajadores y menos (27.700; 32,0%) y de 50 a 249 trabajadores (21.924; 25,3%), que son los colectivos de empresa que mayor número de procedimientos de regulación se han efectuado. En las compañías de 1.000 a 4.999 y de 5.000 y más trabajadores, los procedimientos de regulación han afectado a 12.718 y 10.900 trabajadores, respectivamente.
Por sectores de actividad, es la industria donde se concentran el mayor número de procedimientos, en parte por las propias características técnicas de las actividades industriales, en las que las necesidades de fuerza de trabajo son muy estacionales, en función de la localización de los picos de producción (una parte importante de las reducciones de jornada se producen en las ramas de Metalurgia y de Fabricación de vehículo de motor). No obstante, el número de despidos colectivos en el sector (el 30,2% de los despidos colectivos totales) fue notorio, teniendo en cuenta su escaso peso relativo en la estructura del empleo español. Sin embargo, es en el sector servicios donde se produce el mayor número de despidos colectivos (14.591).
La causa alegada para llevar a cabo el procedimiento de regulación es, principalmente, económica (59,4%) y, en segundo lugar, de producción (25,4%). Las causas técnicas (3,7%), organizativas (5,1%) y de fuerza mayor (6,4%) son menos comunes.
De los trabajadores afectados, el 72,7% son hombres y el 27,3% mujeres; un 64,2% y un 35,8% respectivamente en el caso particular de los despidos colectivos. La mayor parte de los procedimientos se localizan en Madrid (15,9%), Cataluña (13,2%), Aragón (12,8%), País Vasco (9,6%) y Comunidad Valenciana (9,5%).
A pesar de que la senda de estabilización en las reestructuraciones de empleo se consolida en 2016, la reducción del número de despidos colectivos (única de las tres figuras que sí implica desvinculación entre trabajador y empresa) no presenta una caída pronunciada. Por su parte, la mayor estabilidad no se ha combinado con la necesaria recuperación del empleo: la tasa de desempleo todavía se encuentra en niveles elevados (19,6% en 2016) y el número de ocupados está lejos de los más de 20 millones de los años 2007 y 2008.
Las estimaciones de crecimiento del cuadro macroeconómico del Gobierno anuncian que a lo largo de 2017 se recuperarán los niveles de producción precrisis, lo que, sin duda, va a depender de que este incremento de la ocupación se produzca.